Un mes después de aprobarse por un solo voto de diferencia en el Senado, el Tribunal Constitucional chileno declaró inconstitucional la norma que obligaba al Estado a indemnizar a empresas cuando la Justicia les revocara sus permisos ambientales. También frenó una excepción que dejaba fuera de control ambiental a los centros de salmones reubicados a menos de 350 metros.
Lo que caía si la ley prosperaba
El Tribunal Constitucional de Chile impugnó este mes la norma que establecía el derecho a una indemnización fiscal para privados ante la anulación judicial de permisos ambientales —una medida incluida en el proyecto de ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, la llamada «megarreforma» del presidente José Antonio Kast. La norma establecía que, si un tribunal anulaba por sentencia firme una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de una empresa —por incumplimientos, contaminación o impactos socioambientales—, el Estado chileno debía indemnizarla y restituirle los gastos del proceso de evaluación, salvo que la revocación fuera por haber presentado información falsa.
Los artículos 12 y 13 del proyecto, que regulaban específicamente ese mecanismo, fueron declarados inconstitucionales en su totalidad por el Tribunal.
Un voto de diferencia en el Senado
La norma había sido aprobada por el Senado el 15 de julio con el margen más estrecho de toda la sesión: 25 votos a favor contra 24 en contra. Ese mismo día, la oposición presentó una reserva de constitucionalidad —una advertencia formal que deja constancia, durante el debate, de que una norma vulnera la Carta Fundamental y habilita un reclamo posterior ante el Tribunal Constitucional. Fue exactamente esa reserva la que un mes después terminó tumbando la medida.
Por qué preocupaba a los ambientalistas
Roxana Núñez, abogada de Greenpeace especializada en incidencia de campañas, explicó el problema de fondo en un comunicado: este tipo de mecanismos «podía debilitar la capacidad de los tribunales para controlar la legalidad de las autorizaciones ambientales» y generar el incentivo perverso de mantener vigentes permisos considerados ilegales, porque la alternativa —anularlos— significaba que el costo recayera sobre toda la ciudadanía a través del pago de una indemnización.
El otro frente: los 350 metros de los salmoneros
El Tribunal también acogió el requerimiento contra el artículo 5, que modificaba la ley sobre relocalización de concesiones de acuicultura. La norma buscaba que las «micro-relocalizaciones» de centros de cultivo de salmones quedaran automáticamente fuera de una nueva evaluación ambiental si el desplazamiento no superaba los 350 metros. El Tribunal confirmó que esa distancia, por sí sola, no puede usarse para presumir que un nuevo emplazamiento no tendrá impactos.
Núñez fue específica sobre por qué esa cifra es arbitraria en el terreno real: «en los fiordos y canales de la Patagonia esa distancia puede implicar condiciones ambientales completamente distintas y modificar los impactos de una actividad sobre el ecosistema» —un desplazamiento de 350 metros en esas aguas puede significar pasar de una corriente a otra, de un fondo marino a uno completamente diferente.
Un patrón que se repite en la reforma completa
Este no es el único revés que enfrenta la megarreforma de Kast en su tramitación. El propio proyecto lleva meses generando fricción por su volumen y su método: es un texto de más de 200 páginas que combina reconstrucción tras incendios, rebajas tributarias, cambios laborales y desregulación ambiental en un solo paquete, aprobado con debates que la oposición calificó de apresurados. El resultado de este mes confirma que, al menos en materia ambiental, el control judicial todavía funciona como límite real frente a una ley diseñada para avanzar rápido y sin margen de revisión.
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