El ejército israelí publicó un sitio con los nombres de 170 periodistas y trabajadores de prensa palestinos muertos en la guerra, alegando que eran «operativos terroristas». La investigación de +972 Magazine encontró que más de un tercio de esos expedientes no tiene ninguna prueba documental. Las FDI sostienen que nunca atacan periodistas deliberadamente y que parte de su evidencia no puede revelarse por motivos de inteligencia.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un sitio llamado «The Press Files», con los nombres de 170 periodistas y trabajadores de medios palestinos muertos durante la guerra en Gaza, a quienes el Ejército describe como «operativos terroristas» de Hamás o de la Yihad Islámica Palestina. Una investigación de la revista israelí-palestina +972 Magazine —un medio que se define editorialmente como crítico de la ocupación— revisó esos expedientes caso por caso y encontró que, según su análisis, 59 de ellos no contienen ninguna evidencia o documentación de respaldo. Las FDI, por su parte, sostienen una posición distinta: dicen no atacar nunca deliberadamente a periodistas y defienden la validez de su propia evidencia, aunque reconocen que no pueden revelar parte de ella por motivos de inteligencia.
El caso que destapó la controversia: el hermano de un crítico de Hamás
El caso que impulsó la cobertura es el de Mohammed Abd Rabou, incluido en la lista israelí. Su hermano, Omar Abd Rabou, es conocido en Gaza precisamente por su postura crítica hacia Hamás: condenó repetidamente los ataques del 7 de octubre de 2023, calificándolos como «el peor día de mi vida», y según su propio relato fue secuestrado y agredido por personas vinculadas a la organización el año pasado. Medios israelíes lo habían citado en el pasado de manera favorable, como testimonio de un gazatí crítico del grupo islamista.
Cuando se enteró de que su hermano fallecido figuraba en «The Press Files» como «operativo militar», Omar lo rechazó públicamente en X, afirmando que Mohammed era «un periodista de verdad» con membresía oficial en el Sindicato de Periodistas Palestinos. Según +972, la ficha de Mohammed en el sitio de las FDI no incluye ningún obituario de un grupo armado, ninguna fotografía incriminatoria ni documento de identificación militar — solo la afirmación de que su vinculación «se basa en múltiples fuentes de inteligencia», sin detallar cuáles.
Lo que encontró la investigación de +972 Magazine
Según el análisis de +972, de los 170 nombres de la lista israelí:
Sus páginas solo afirman la pertenencia a un grupo armado sin adjuntar documento, foto, obituario ni ningún otro respaldo verificable.
+972 argumenta que posar con un arma o uniforme no prueba por sí solo la pertenencia a un grupo armado, y cita como comparación a figuras públicas —una influencer proisraelí, un ex primer ministro danés— fotografiadas en circunstancias similares sin que eso las convierta en combatientes.
Según +972, estos obituarios —publicados por los propios grupos armados en sus canales de Telegram, reivindicando a los fallecidos como miembros— son, de toda la evidencia aportada por el Ejército, la más sólida, aunque de todos modos no resulta concluyente por sí sola.
La investigación también señala contradicciones internas en varios expedientes: personas listadas como «comandantes» en el encabezado del Ejército, pero descritas como parte de un «brazo mediático» en el documento adjunto; o un caso —Hassan Aslih— calificado como «operativo militar» cuando el propio documento que aporta el Ejército lo ubica en «servicios de apoyo», como trabajador de medios.
Los casos más cuestionados: Al-Sharif y Al-Ghoul
Dos de los nombres de la lista corresponden a periodistas de Al Jazeera cuyas muertes ya habían generado controversia internacional antes de esta nueva publicación.
Según +972, era el periodista más visible que quedaba en el norte de Gaza durante el asedio militar israelí a la zona. La investigación sostiene que oficiales israelíes lo habían llamado y amenazado para que «se callara» antes de su muerte en agosto de 2025. Los documentos que el Ejército presentó después lo describen, en años distintos, como «líder de grupo», luego como soldado «suspendido y no asignado», y en un tercer documento como miembro de la unidad de élite Nukhba — mientras otro de esos mismos documentos lo describe con problemas serios de audición y visión.
Fue detenido, interrogado y liberado por el Ejército israelí en el Hospital Al-Shifa tres meses antes de ser asesinado, en julio de 2024. El documento inicial que el Ejército presentó para justificar el ataque lo señalaba como combatiente de Hamás desde los 10 años; un expediente posterior cambió esa edad de reclutamiento a los 17.
La respuesta oficial de las FDI
Las Fuerzas de Defensa de Israel sostienen una posición pública distinta a la de +972. En una página de respuesta directa a un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el Ejército afirmó:
Las FDI «nunca han atacado, y nunca atacarán, deliberadamente a periodistas», y dirigen sus ataques exclusivamente contra objetivos y operativos militares.
Fuerzas de Defensa de Israel, respuesta al informe del CPJ (12/02/2025)En esa misma respuesta, el Ejército identificó por nombre a varios periodistas —entre ellos Hamza Al-Dahdouh y Ismail Al-Ghoul, de Al Jazeera— como integrantes de Hamás o de la Yihad Islámica, citando documentos hallados en el terreno, números de identificación militar y publicaciones en redes sociales como respaldo. Las FDI reconocen, sin embargo, que no pueden revelar toda la inteligencia detrás de algunas de esas afirmaciones, porque hacerlo expondría fuentes y métodos de recolección.
Qué dice el organismo internacional que lleva el registro
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la organización internacional de referencia en este tema, documentó que 2024 fue el año más letal para la prensa en toda su historia de registros: 124 periodistas y trabajadores de medios murieron en el mundo, la amplia mayoría de ellos en Gaza. El CPJ califica como «no sustanciadas» las acusaciones israelíes contra varios de los periodistas que investigó puntualmente, incluidos Al-Dahdouh y Al-Ghoul.
Bajo el derecho internacional humanitario, un periodista afiliado en el pasado a un grupo armado sigue siendo considerado civil, salvo que participe directamente en las hostilidades en el momento del ataque. El CPJ dice que, en los casos puntuales que investigó a fondo, «múltiples fuentes no han encontrado, hasta la fecha, evidencia de que algún periodista estuviera involucrado en actividad militante» al momento de morir.
Un antecedente: la «célula de legitimación»
+972 Magazine había revelado en 2024 la existencia de una unidad de inteligencia israelí dedicada específicamente a reunir información sobre periodistas y trabajadores de medios en Gaza, para fundamentar sus muertes después de producidas — lo que la investigación describe como una «célula de legitimación». Las FDI no se han pronunciado públicamente, en los términos revisados para esta nota, sobre la existencia o el funcionamiento de esa unidad en particular.
Un reclamo que persiste: el acceso de la prensa extranjera
Más allá de los casos puntuales, hay un hecho verificable y no controvertido en esta disputa: Israel mantiene, desde el inicio de la guerra, una prohibición casi total al ingreso de periodistas extranjeros independientes a Gaza por cuenta propia —solo se permite el acceso en recorridos controlados junto a unidades militares—. Periodistas como Piers Morgan y Mehdi Hasan han planteado públicamente que, si el Ejército sostiene que una porción tan amplia de la prensa local está vinculada a grupos armados, debería permitir el ingreso de corresponsales internacionales para verificarlo de forma independiente.
Lo que deja este cruce es, sobre todo, una disputa sobre el estándar de prueba: las FDI sostienen que cuentan con inteligencia que no pueden exponer sin comprometer fuentes; +972 Magazine, desde una postura editorial crítica de la ocupación, sostiene que buena parte de esa «evidencia» no resiste una revisión básica; y el CPJ, el organismo con el registro internacional más completo, mantiene que en los casos que investigó a fondo no halló pruebas de actividad militante. Ninguna de las tres partes es neutral respecto del conflicto que las rodea — y esa es, precisamente, la razón por la que el caso sigue abierto en lugar de resuelto.
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