«Un Ministerio de Hacienda todopoderoso, sin contrapeso»

Una medida sin apoyo, ni siquiera de las empresas

En el marco de la megarreforma que impulsa el gobierno de José Antonio Kast, uno de los puntos más controvertidos era la norma que permitía a las empresas reclamarle al Estado una indemnización si un tribunal les anulaba su permiso ambiental —salvo que la anulación fuera por haber presentado información falsa. Antes de que el Tribunal Constitucional terminara declarándola inconstitucional, Mongabay Latam entrevistó a Badenier para entender el trasfondo de una medida que, según él, no representaba ni siquiera al sector que supuestamente iba a beneficiar.

«No conozco ningún especialista, ni la Comisión de Medio Ambiente recibió a ninguno, que estuviese de acuerdo con esta medida», afirmó. «Los dos gremios empresariales más significativos también manifestaron estar en desacuerdo.» Para Badenier, eso despeja cualquier duda sobre el origen real del proyecto: «es fruto del desconocimiento de cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental», no una demanda genuina del sector privado.

Por qué la evaluación ambiental chilena no estaba, según él, tan rota

¿Funciona el sistema actual de evaluación ambiental en Chile?

Badenier fue claro en que el diagnóstico oficialista exagera el problema: «es una opinión relativamente unánime del mundo de los especialistas que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile funciona bien». Reconoció que se volvió más lento en los últimos años, pero atribuyó esa demora a que se sumaron nuevos cuerpos normativos más específicos que exigen verificaciones adicionales —»acuerdos relativamente transversales del mundo político», no trabas arbitrarias.

«Una espada de Damocles» sobre los proyectos complejos

¿Qué implicaría en la práctica si la indemnización se convertía en ley?

Según explicó, el mecanismo operaba «muy parecido a un seguro privado, pero con recursos públicos»: si la Justicia anulaba un permiso, el Estado no solo perdía el juicio —porque es el propio Estado el que defiende sus resoluciones ambientales— sino que además debía indemnizar al privado. El resultado esperable, dijo, no era más inversión sino lo contrario: para los proyectos técnicamente más límite, «va a ser mucho más simple rechazar ese proyecto que aprobarlo», con tal de evitar el riesgo de una futura indemnización. «Se va a transformar en una espada de Damocles para los procesos de evaluación que son más complejos en nuestro país.»

Una presión indebida sobre los jueces

¿Le agrega complejidad a un sistema ya complejo?

«Absolutamente», respondió. La norma no solo presiona a los evaluadores estatales, sino también al Poder Judicial: cada sentencia que anulara un permiso pasaría a tener una implicancia económica directa para el Estado, «una presión indebida» sobre decisiones que deberían tomarse solo en función de la legalidad del proyecto, no de su costo fiscal.

Sin antecedentes en Chile ni en la región

¿Hay algún precedente de esta medida en Chile o en otros países?

«No, en Chile no existe ninguno», afirmó Badenier. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había citado un supuesto caso similar en Brasil, donde el Estado litiga en representación del titular del proyecto y responde ante eventuales reclamos. Pero Badenier descartó la comparación: en Chile es el propio Servicio de Evaluación Ambiental el titular de la resolución del permiso, y quien la defiende en instancia administrativa y judicial —una arquitectura institucional distinta que vuelve «de bajísima aplicación» el paralelo brasileño.

Un debate que viene de antes de Kast

Consultado sobre si la flexibilización ambiental empezó recién con este gobierno, Badenier fue honesto: «sí, creo que hay algo de eso» ya durante la gestión de Gabriel Boric. Señaló que se ha instalado en la opinión pública el término «permisología» para referirse, de forma peyorativa, a los trámites ambientales que requiere un proyecto de inversión —un desgaste discursivo que, según él, no responde a que los permisos se hayan vuelto irracionales, sino a que el Congreso aprobó, de forma transversal, más y mejores marcos normativos que exigen más verificaciones.

El diagnóstico final: sin contrapeso

Cuando se le preguntó directamente si veía debilitado al Ministerio de Medio Ambiente frente al de Hacienda, Badenier no dudó: «Veo a un Ministerio de Hacienda todopoderoso, sin contrapeso, y eso no es un buen escenario para regulaciones de protección ambiental.» Su esperanza, dijo, es que la discusión ambiental vuelva a su cauce natural —las Comisiones de Medio Ambiente, con proyectos específicos— y deje de tramitarse dentro de leyes misceláneas conducidas por Hacienda. Hay, según contó, un proyecto de modificación al sistema de evaluación ambiental heredado del gobierno anterior, con «buen material técnico» y consenso ya alcanzado, que el actual gobierno no retiró pero que quedó congelado a la espera de que se resuelva la megarreforma de Kast.